INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SUS POSIBILIDADES

Por Manuel Salvador Molina Hurtado

Abogado Constitucionalista, Administrativista, y con estudios de Maestría en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias.

Ex personero de Timaná, Huila

Ex consejero Departamental de Paz del Huila

Durante décadas se ha dicho que en mucho los males que aquejan a los territorios se explican  en lo que se ha denominado: “la tiranía de la burocracia”, entratándose de las siempre controvertidas eficiencia y eficacia del Estado para sacar adelante programas de altísima importancia para las administraciones regionales, subregionales y municipales, sobre todo en los últimos tiempos dado el gravísimo daño que la recurrente, paulatina y creciente acumulación de esta desatención le ha originado a la población en materia de infraestructura vial, de tanta trascendencia para su desarrollo económico y, de contera, para su desarrollo social, cultural y ambiental. Lo que explica que todavía hoy día persistentemente continúe reclamándose -y no se sabe hasta cuándo- la impostergable tarea de revisar el actual modelo de organización estatal en tan complejo y delicado servicio, a efectos de determinar otra forma de estructura funcional que posibilite satisfacer esta sentida e inaplazable necesidad de la Sociedad, apuntando a mejorar el nivel de vida de las comunidades más sufridas y apartadas del centro del país, alejadas de toda posibilidad de redención, condenadas al exilio económico y sometidas a una vida de precariedades, que no goza de ninguna justificación.

La perenne, anquilosada y eterna pasividad o, cuanto mucho, la precaria acción estatal, ha producido y continúa generando, muchísimo perjuicio a  sectores de la economía que suplican suficientes y buenas vías para lograr subsistir en un mundo agresivamente globalizado, tan atentatorio para los pequeños productores y el campesinado.

Hombres y mujeres con sueños y familias, que claman y no son oídos; que tienen voz, pero no son escuchados. En algunos casos, pareciera que sus carreteras, merced a los accidentes fatales causados por su estado de abandono, compitieran en cruces con los propios cementerios.

Situación que los ha llevado hasta la desesperación. No de otra forma se explica que en algunas localidades, constreñidos por la angustia y el abandono, realicen jornadas comunitarias de limpieza y mantenimiento a las vías nacionales para procurar dar algún remedio transitorio a tan terrible y repudiable olvido.

Actividades que reciben la aprobación de unos y el reproche de otros.  Señalan los primeros que con ellas se busca, también, la mirada salvadora del Gobierno Central a la mencionada problemática, mientras que los segundos ripostan que nadie puede asegurar tal cometido, a todas luces ingenuo e iluso, todavía menos práctico cuando reina la insensibilidad y la indolencia gubernamental, probada con el asombroso y negligente silencio de los organismos públicos receptores y destinatarios de multitud de oficios petitorios y de derechos de petición desestimados grotescamente, al igual que ser espectadores de repetidas y constantes notas periodísticas emitidas en los medios masivos informativos y en las redes sociales. Aparte de señalar que lo único seguro, en este escenario, es que con las faenas de limpieza y mantenimiento se les hace el trabajo a los contratistas incumplidos, a que están obligados por Ley y por Contrato.

De otro lado, e independientemente de lo acabado de exponer, resulta imperioso recordar que tales labores, por demás encomiables y plausibles, deben acometerse con sumo cuidado para prever cualquier implicación de orden jurídico, esto es, asegurarse que su realización se enmarque dentro de las competencias legales y contractuales de sus actores, protagonistas e intervinientes, directos o indirectos.

Huelga advertir y reseñar categóricamente, para evitar sanas confusiones o para contrarrestar perversas tergiversaciones, que no estamos en contra de los intereses legítimos y justicieros de la comunidad. Todo lo contrario, es nuestra pretensión esbozar, en pocas líneas, unas posturas conceptuales respetuosas e inclusivas, para enriquecer la reflexión y el análisis, para que las justificadas peticiones ciudadanas sean socializadas y para que los mandatarios locales no se expongan a riegos innecesarios con cargo y cuenta de hacer mantenimiento a vías nacionales sobre las cuales intervengan oficialmente de hecho, y no de derecho. Por más que actúen de buena fe. Recuérdese el aforismo romano: “Dura lex, sed lex”: “Dura es la ley,…pero es la ley…”.

Ahora, valdría la pena que se exploraran, que se auscultaran a fondo por la ciudadanía, contratistas, hombres públicos y, en fin por todos los  interesados -de modo particular por los alcaldes y gobernadores- otras herramientas o mecanismos que el ordenamiento jurídico pudiera ofrecer a los entes territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos con el Ministerio de Transporte y con INVIAS,  la constitución de asociaciones de dos o más municipios, etc.,  atinentes a la pavimentación, mantenimiento y rehabilitación de las distintas vías, de forma especial, con respecto a las llamadas nacionales y terciarias.

Timaná, Huila, 10 de febrero de 2020.

manuel.molina.1@hotmail.com

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