SEGURIDAD CIUDADANA: ¿UTOPÍA O REALIDAD?

Por Manuel Salvador Molina Hurtado

Abogado Constitucionalista, Administrativista, y con estudios de Maestría en Criminología, Ciencias Penales y Penitenciarias.

Ex personero de Timaná, Huila

Ex consejero Departamental de Paz del Huila

Resulta esperanzador que un Alcalde  -y, más, recién posesionado- se interese por encarar con vehemencia el fenómeno delictivo, que genera tanta incertidumbre en la comunidad y en las autoridades mismas.

Y no es para menos, dada la trascendencia que su nocivo impacto emocional genera en los ciudadanos. Mayor aún, si estos pertenecen a zonas alejadas de las grandes ciudades, toda vez que este fenómeno desmotiva y amedranta a la persona honesta y trabajadora, impulsando su migración del campo a la ciudad.

Ahora, lo cierto, es que la seguridad se ausenta donde el Estado no impera o su presencia es insuficiente para garantizarla. Lo que también se agrava por la concentración de poder en las ciudades capitales, tanto de Departamentos como de la Nación, lo que ya explica la terrible dependencia y atraso de los territorios con respecto de los centros de poder. Esquema centralista, concentrador de poder, que no permite realmente una verdadera participación -intervención- de las localidades en las decisiones políticas que resuelven sus problemas.

Es lo que en mucho explica que tanto en municipios pequeños como en ciudades importantes, todos y todas sin excepción, sean dependientes del Gobierno Nacional en materia de seguridad, sea urbana o rural.

De allí que se muestre esperanzador que el Alto Gobierno recorra las diversas latitudes del territorio nacional haciendo contacto directo con representantes de las comunidades y con las respectivas autoridades locales para socializar y difundir su Política Nacional de Seguridad, en el entendido de que la criminalidad es problema de todos, y no sólo del Alcalde o de la Policía.

En este orden de ideas, se debe esperar del Gobierno que indique en la socialización de su política de seguridad ciudadana que la resolución involucra a todo el andamiaje institucional del Estado que de alguna manera pueda contribuir a su cristalización, partiendo del Estado Local. Dicho de otra forma: el Estado Nacional aporta lo que le corresponde en esta brega, pero es el municipio a quien le corresponde ejecutar tal política gubernamental. Arrancando con que la autoridad de policía en lo local recae sobre el Alcalde.

Así, es al Gobierno Municipal o Departamental -según el caso- a quien le atañe de modo directo luchar contra este flagelo y responder por sus resultados ante su comunidad. En mucho el centralismo político ha generado el problema y en mucho, también, señala que su solución estriba en los entes territoriales. Su intervención gravita en el incremento de pie de fuerza, apoyo institucional, y aporte de elementos tecnológicos para la vigilancia, es decir, herramientas tecnológicas -ciberseguridad- que posibiliten su “Modelo de Vigilancia”, que sin lugar a dudas se enmarca y se traduce en recomendaciones metodológicas tales como que se hagan seguimientos periódicos a las acciones y planes preestablecidos a efecto de elaborar diagnósticos sucesivos y oportunos para evaluarlos; la vinculación del sector privado; crear  -no, si ya existen- organizar y utilizar redes de participación ciudadana -de naturaleza cívica-; comprehender el fenómeno delictual desde un enfoque de salud pública, de orden mental, en lo atinente a la resolución pacífica de los conflictos; y, la celeridad en las investigaciones -express-, las que en corto tiempo -no mayor a dos meses- deberán ofrecer resultados. Entre otros asuntos, claro está.

Hasta aquí refiero lo que anticipo sea la aportación de la Nación en relación con la seguridad ciudadana.

Por lo expuesto, hay que reconocer que ese acercamiento entre lo Nacional y lo Local es un buen comienzo. No obstante, que lo complejo y tozudo es su ejecución, lo cual demanda de recursos presupuestales significativos y ardua, persistente e incluso, peligrosa gestión.

Desde luego, acompañado esto, de inversión social para producir mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y del aseguramiento del bienestar general local y regional.

Y en el entendido de que cada comunidad y cada territorio son diversos en sus necesidades básicas insatisfechas, idiosincrasia y contextos socioeconómicos, culturales e históricos. Las realidades en materia criminal no corresponden a estándares universales. Habida cuenta de que no se trata de la implantación impositiva y  generalizada de una política nacional sino, más bien, de pautas institucionales para aplicarlas con criterio individual, selectivo o concomitante, y con diferente énfasis, según la  población, municipio, o región.

Por último, comprendemos que cuando se asevera la necesidad de trabajar interinstitucionalmente -con sentido local y/o regional- con un solo propósito común,  se debe reconocer que destaca la necesidad de resolver -o, por lo menos, atender y avanzar  en la medida de su complejidad- otros serios problemas que aquejan al Estado y a la Sociedad en su lucha contra la delincuencia: empleo, oportunidades, capacitación para el trabajo, emprendimiento, educación, desarrollo económico y social de los municipios y regiones; la salud, especialmente la creación de centros para la rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes; crear y apoyar los procesos de participación ciudadana para la tolerancia y convivencia pacífica tales como, entre varios, Consejos Municipales de Paz, de Política Social, de Juventudes, y Jueces de Paz -desarrollo político comunitario-, etc.; poner a disposición de la Policía sitios para la detención temporal de sindicados, evitando los hacinamientos en las estaciones de policía; y, de manera particular y especial de superar la impunidad, lo que demanda acrecentar y dotar de instrumentos logísticos y tecnológicos a los entes competentes para la   investigación y la sanción penal, al igual que hacer del penitenciario un sistema sin hacinamiento, verdadero agente de resocialización humana. Y de revisar la legislación punitiva. A título de ejemplo.

En síntesis, el alcance de lo que se quiera o vaya a obtener en esta tarea, depende de lo que se proponga -de sus contenidos o propósitos- y de la insoslayable voluntad política pertinente para consagrarse irremediablemente a su obtención, ya se determinen metas u objetivos a  corto, mediano o largo plazo; de si propendemos por un remedio temporal y de apenas alivio o de una solución estable y suficiente: de una política pública, permanente en su accionar y en sus resultados: la tranquilidad ciudadana, el crecimiento social y económico, y el progreso, como hechos fundantes para un mejor presente y una mejor Sociedad para las generaciones venideras donde la vida sea el valor más respetado.

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