¡ENFERMOS Y SECUESTRADOS!

Por Néstor Pérez Gasca

La situación de los pacientes del sistema de salud en Colombia es toda una epopeya,  no solo tienen que sortear un sin número de  trámites burocráticos para obtener un traslado entre EPS, acceder a medicamentos y en general  a un lánguido servicio y tratamiento médico, también deben soportan en algunas ocasiones tratos inhumanos e injustos,   y no solo por parte del personal que brinda atención médica sino sobre todo por parte del abyecto sistema que no discrimina sexo ni edad, solo tamiza el vulgo respecto de los aforados que cuentan con medicina pre-pagada, a quienes se les brindan salas y atención VIP.

Antes de que existiera la Ley 100 de 1993, que fundó el Sistema de Seguridad Social integral, las entidades que brindaban servicios de salud a todos los colombianos eran el Seguro Social, Caprecom y Cajanal. Con la sanción de la Ley 100, se logró un cambio sin precedente alcanzando aproximadamente un 90 % de cobertura en el territorio Nacional, no obstante, a pesar de ampliar la cobertura no se ha logrado ampliar la calidad “supuestamente”, porque financieramente es imposible obtener ambos  privilegios.

Si bien es cierto que  “la población se nos envejeció, el 8% de los colombianos es mayor de 65 años y las enfermedades pasaron de agudas e infecciosas a crónicas de alto costo”, no es menos cierto que el meollo del asunto fue que la plurimencionada ley que permitió que ingresara el sector privado a competir en ese sector, implantando las polémicas Empresas Prestadoras de Salud, EPS, en dos regímenes: contributivo y subsidiado, en consecuencia la salud de los colombianos se convirtió en un negocio que  no se ha regulado porque unos pocos viven de las adversidades ajenas de muchos.

En conclusión, no solo indignan las arbitrariedades nombradas letras arriba, lo que me parece inconcebible, por ejemplo, es que por estos días se estén reteniendo de manera ilegal a los usuarios por no “poseer un respaldo económico” por la atención en salud. Si así viene sucediendo en el Hospital Hernando Moncaleano de Neiva, he podido evidenciar que en el mes de agosto han retenido dos pacientes porque supuestamente no pueden respaldar las obligaciones al sistema de salud; el primer caso es el de un ingeniero de nombre Rodrigo, quien fue víctima de la delincuencia, que bajo una sustancia tóxica lo incapacitó, el otro caso es de  la docente Martha Lucía Gutiérrez Cedeño del magisterio, que también estuvo en el servicio de urgencias; en ambos casos contrariando la ley, y sin ninguna orden judicial.

Los ciudadanos fueron retenidos sin justificación alguna. El hospital y en general estás entidades, deben tener en cuenta que existen mecanismos que garantizan el pago de esas obligaciones como un pagaré o recobros al ADRES antes FOSYGA, porque les está prohibido violar derechos fundamentales a sus usuarios, situación que podrían terminar en una posible comisión de una conducta punible como “secuestro simple”.

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